Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
Angelino Garzón
Vicepresidente de la República
Comisionados
Eduardo Pizarro Leongómez, Presidente de la CNRR, Delegado del
Vicepresidente de la República; Ana Teresa Bernal Montañés, Comisionada
Sociedad Civil; Patricia Buriticá Céspedes, Comisionada Sociedad Civil;
Jaime Jaramillo Panesso, Comisionado Sociedad Civil; Monseñor Nel
Beltrán Santamaría, Comisionado Sociedad Civil; Oscar Rojas Rentería,
Comisionado Sociedad Civil; Patricia Perdomo González, Comisionada
Representante de las Víctimas; Regulo Madero Fernández, Comisionado
Representante delas Víctimas; Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior
y de Justicia; Juan Carlos Echeverry Garzón, Ministerio deHacienda;
Volmar Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo; Patricia Luna González,
Delegada de la Defensoría del Pueblo; Mario González Vargas, Delegado de
la Procuraduría General de la Nación; Diego Andrés Molano Aponte, Alto
Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
Equipo Directivo
Eduardo Pizarro Leongómez, Presidente; Catalina Martínez Guzmán,
Directora Ejecutiva; Carlos Humberto Cardona Botero, Coordinador Planeación; Fernando Ramírez Ochoa, Coordinador Administrativo y Financiero;
Martha Lucía Martínez Escobar, Coordinadora de Comunicaciones y Prensa;
María Cristina Hurtado Sáenz, Coordinadora Género y Poblaciones Específicas; María Angélica Bueno Cipagauta, Coordinadora del Área de Reconciliación; Olga Alexandra Rebolledo Álvarez, Coordinadora Reparación y
Atención a Víctimas; Gonzalo Sánchez Gómez, Coordinador del Grupo de
Memoria Histórica; Álvaro Villarraga Sarmiento, Coordinador del Área
de DDR; José Celestino Hernández Rueda, Coordinador del Área Jurídica;
Gerardo Vega Medina, Coordinador Sede Antioquia; Mónica Mejía Zuluaga,
Coordinadora Sede Atlántico; Arturo Zea Solano, Coordinador Sede Bolívar;
María Díaz Galvis, Coordinadora Sede Centro; Ingrid Cadena Obando,
Coordinadora Sede Nariño; Zuleny Duarte Fajardo, Coordinadora Sede
Putumayo; Ana Maryury Giraldo Palomeque, Coordinadora Sede Chocó;
David Augusto Peña Pinzón, Coordinador Sede Nororiente; Eduardo
Porras Mendoza, Coordinador Sede Sucre; Antonio María Calvo Silva,
Coordinador Sede Cesar; Jorge Vásquez Pino, Coordinador Sede Valle del Cauca;
Luis Gonzalo Agudelo Hernández, Coordinador Sede Llanos Orientales.

Prólogo......................................................................................... 13
Introducción ............................................................................... 25
i. Los hechos ................................................................................ 31
Escenario judicial en el que se desempeñaban
las víctimas directas de la masacre ....................................... 34
Detrás de que iban los investigadores judiciales..................... 42
Por qué los mataron...................................................................57
Cómo los mataron..................................................................... 68
Cómo se recibió la noticia ........................................................ 76
ii. Cómo se investigó el caso: la sombra de la masacre..... 85
La primera Unidad Móvil de Investigación:
un ejemplo para la administración de justicia. ................... 85
Las obstrucciones por inactividad............................................. 93
Las obstrucciones por ocultamiento directo .............................. 100
Otras obstrucciones .................................................................107
Cambio de radicación, primera y segunda instancia:
Pasto es lejos..........................................................................114
Seis años de vacío en Cali....................................................... 126
Quince años en la Fiscalía: el proceso vuelve a instrucción .. 129
«El tiempo que pasa es la verdad que desaparece…» ...............135
¿Cómo se ha dilatado el proceso?..............................................140
Falta de pruebas técnicas - excesos del testimonio ......................145
Justicia penal militar ............................................................. 154
Estrategia de la defensa: confunde y reinarás ..........................157
Amenazas...............................................................................159
iii. Reflexiones jurídicas sobre
la responsabilidad penal en el caso............................. 167
Muchas jurisdicciones: un solo caso .......................................169
¿Cómo se construyó la responsabilidad penal? .....................175
iv. El trabajo del duelo y las luchas por la justicia ...... 197
El duelo anticipado ................................................................ 200
El camino del duelo: el encuentro con los cuerpos ............. 207
San Gil: la naciente comunidad de dolor ..............................215
Momentos en la transformación del duelo............................ 222
Las tareas de la dignidad: la búsqueda de la justicia............ 233
La disposición y distribución de las
y los familiares de las víctimas............................................. 233
Relación de los sobrevivientes y sus familiares
con los procesos judiciales.....................................................237
Relación de los familiares de las víctimas
directas con los procesos judiciales ....................................... 239
La justicia como empleador: una forma
de reparación informal.........................................................247
La alianza con la Corporación Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo y la relación con el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos ................................ 250
El proceso de conciliación con el Estado,
el Proceso y el Fallo de la Corte IDH..................................... 253
v. El modelo paramilitar en el Magdalena Medio ............ 259
Puerto Boyacá desde 1982 hasta 1985:
entre la subversión y el modelo paramilitar ....................... 264
Auge y contracción de las farc y el eln
en el Magdalena Medio ................................................... 267
La presencia militar en el Magdalena Medio:
del distanciamiento a la coalición regional
contrainsurgente.............................................................272
Nacimiento de las autodefensas de Puerto Boyacá:
En busca de un pueblo libre de subversión .........................277
11
Los obstáculos a la justicia y «la justicia de los paramilitares»....285
Las Autodefensas de Puerto Boyacá
desde 1985 hasta 1992 ......................................................... 290
El desgano de las Fuerzas Armadas para combatir
a los paramilitares del Magdalena Medio: la indiferencia
militar ante el rechazo presidencial al paramilitarismo ........293
Las Autodefensas de Puerto Boyacá hacen
causa común con el narcotráfico........................................296
La violencia narco-para-militar
como máquina de producción de olvido..............................307
vi. La victimización de funcionarios
judiciales en Colombia 1979-2009.................................309
Conflicto armado y violencia
contra funcionarios de la rama judicial ..............................311
¿Cómo atacan a la Justicia? ............................................... 315
Las diferenciaciones por género de la violencia
en la Rama Judicial........................................................ 324
¿Se ataca a la justicia de manera selectiva
o indiscriminada? ..........................................................327
¿Dónde se ataca a los funcionarios judiciales? .........................331
Variaciones espacio temporales en los patrones
de violencia contra funcionarios judiciales
asociadas al conflicto armado............................................. 335
La violencia contra La Rama Judicial:
Caja de resonancia para el caso La Rochela ......................... 350
vii. Conclusiones y Recomendaciones .................................. 353
Bibliografía...............................................................................362

El 18 de enero de 1989 en la vereda La Rochela, municipio de Simacota, corazón del Magdalena Medio santandereano, fueron asesinados doce de quince miembros de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desapariciones ocurridos en los
municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, cometidos presuntamente por una alianza de narcotraficantes, paramilitares y agentes de la fuerza pública. Por este hecho, el Estado colombiano fue
condenado casi veinte años después, en mayo de 2007, por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, pero al igual que
el caso de la masacre de Trujillo, y tantos otros, se trata de un proceso
inconcluso en los estrados judiciales colombianos, cuyos episodios se
relacionan en la memoria histórica que se propone en este Informe.
El papel y los dilemas del ejercicio de la justicia en un
contexto de conflicto armado
La masacre de La Rochela es una expresión palmaria de los
riesgos y de los impactos que la confrontación armada desencadena en todo el aparato judicial. En el escenario bélico la justicia es
recurso de poder y por lo tanto se convierte en blanco de acción punitiva o al menos objeto de disputa. En últimas, a la instauración
de todo poder o contrapoder corresponde la instauración de una
nueva forma de administración de justicia, como elemento central
del control social, del poder político y del dominio territorial pretendido por los múltiples bandos enfrentados.
La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia
14
La cooptación de sus funcionarios, la eliminación de sus agentes o la sustitución de sus funciones son amenazas padecidas una y
otra vez por la administración de justicia en contextos de conflicto abierto. En Colombia las cifras de las tres últimas décadas son
inquietantes: Entre enero de 1979 y diciembre de 2009, el Grupo
de Memoria Histórica ha podido documentar hechos de violencia
contra 1.487 funcionarios judiciales, lo que equivale a decir que
aproximadamente cada semana es atacado por parte de los actores
vinculados al conflicto armado, un funcionario encargado de impartir Justicia y aplicar la ley.
Las argumentaciones esgrimidas por los verdugos, y sus lógicas
de acción contra el aparato judicial, son desde luego diferenciadas, pero convergentes: La guerrilla aduce, como fundamento de
sus ataques u hostigamientos, la ilegitimidad social de la justicia
estatal; los paramilitares apelan a la «justicia por mano propia» arguyendo la ineficiencia del aparato judicial, pero motivados sobre
todo por el afán de encubrir sus fechorías; y los narcotraficantes
despliegan un amplio repertorio de acciones: sobornan, infiltran
y silencian sin necesidad de invocar pretexto alguno.
Por ello, en un escenario de conflicto como el que persiste en
Colombia, en el cual todos los actores enfrentados pretenden privatizar el ejercicio de múltiples funciones estatales, el sistema judicial enfrenta simultáneamente poderes que subvierten al Estado
(insurgencia), o lo defienden criminalmente (paramilitares), o desvían sus obligaciones constitucionales y legales desde el interior de
las instituciones.
La masacre de La Rochela condensa pues los múltiples rostros
de la ilegalidad actuando contra la misión de los jueces en el marco del conflicto armado contemporáneo. Se trata de una arremetida que ha podido llevarse a cabo en forma silenciosa o casi imperceptible para la opinión pública, dados los peculiares modos
como los actores armados llevan a cabo la amenaza, el secuestro,
el desplazamiento, el exilio o el homicidio individual, pues en pocas ocasiones el crimen ha dejado ver sus propósitos en relación
con este campo institucional. Dentro de los pocos eventos de ataque colectivo al mismo, está precisamente el caso de La Rochela
en el año 89, antecedida por la toma y retoma sangrienta del Palacio de Justicia en 1985, y seguida más recientemente por la ma-
15
Prólogo
sacre y desaparición el 9 de marzo de 2000 de siete funcionarios
judiciales en el departamento del Cesar. En todo caso, en las tres
últimas décadas, ha habido una cadena continua e ininterrumpida de atentados a los investigadores judiciales, a los periodistas y
en general a todos los gestores de verdad y memoria. Esa cadena
de intimidaciones se extiende a los núcleos familiares de los afectados, los cuales aún en medio de la zozobra siguen reivindicando
el control de su testimonio, su verdad y su memoria. No se trata de
intimidaciones abstractas, sino de amenazas directas al ejercicio y
a las tareas de esclarecimiento que le incumben a sus respectivas
profesiones. Valga el siguiente ejemplo de notificación letal: